Mafia operaba en el Plan Social había sido denunciada por ProConsumidor el año pasado

SANTO DOMINGO.- La mafia que según la Fiscalía de Santo Domingo Este operaba en el Plan Social de la Presidencia, y por la cual hay dos funcionarios de la institución estatal encartados, fue notificada a la directora del organismo por el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) en enero del 2017.

En un comunicado con fecha del 20 de enero del citado año, ProConsumidor le hacía saber a Iris Guaba, que diversos productos que fueron fabricados especialmente para esa institución que brinda asistencia social, se estaban vendiendo en supermercados del país.

En la comunicación la entidad que vela por los derechos del consumidor le notificaba a Guaba sobre la incautación de 223 paquetes de harina empacadas en fundas de 14 onzas que se estaban vendiendo en góndolas de supermercados, a pesar de que en el dorso tenían leyenda del Plan Social de la Presidencia y “Prohibida su venta”.

Al ser consultada por los medios sobre estas denuncias de ProConsumidor, la funcionaria dijo que fue precisamente a raíz de dichas alertas que la institución que preside activó sus organismos de vigilancias, y comenzaron a investigar.

Precisó que visitaron un supermercado en el que estaban vendiendo harina que en el dorso tenía la leyenda del Plan Social y decía “prohibida su venta”, pero que los propietarios del establecimiento explicaron que decidieron comprar el producto a un suplidor que había participado en una licitación que hizo el Plan Social, pero que no resultó ganador de dicha licitación.

Sobre el caso

Sobre este caso, ayer viernes el Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo acogió el pedimento del Ministerio Público de declarar como complejo el proceso que se sigue contra dos funcionarios del organismo, imputados de evadir raciones alimenticias destinadas a personas pobres y venderlas a comerciantes.

En un comunicado de prensa, la institución informó la Resolución del juez Marlon Espinosa, quien impuso como coerción a los  inculpados Gabriel Alfredo Méndez Fernández y Xhemyramiz Desiree Jiménez Urbaez, ambos funcionarios del PASP,  una garantía económica en efectivo de RD$60,000 pesos a cada uno,   presentación periódica ante el fiscal investigador e impedimento de salida del país.

Fuente: Enriquillo Diario Digital